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Boletín de prensa 12 de octubre de 2011
EL TIEMPO
PROCURADOR DICE QUE VE CON BUENOS OJOS PROYECTO QUE PROHÍBE EL ABORTO
Ordóñez aseguró que prohibir la práctica del aborto en cualquier circunstancia "no es un retroceso".
Alejandro Ordóñez, procurador general, sostuvo en entrevista con 'La W Radio' que el proyecto de ley que prohíbe el aborto en Colombia en cualquier circunstancia es "interesante" y agregó que si no hay "derecho a la vida" no hay ningún "derecho humano".
El titular del ministerio Público dijo que aprobar esta ley no es un retroceso y que por el contrario esto le "daría mayor legitimidad al ordenamiento jurídico".
En la entrevista con 'La W Radio", Ordóñez se refirió a los tres casos en que se permite el aborto en el país.
En el punto de la violación aseguró que lo primordial es proteger a la madre en su drama y no sumarle a la violación la "tragedia del aborto".
Sobre el caso en que corre riesgo la vida de la madre manifestó que hay que estar celoso sobre la vida de la progenitora y de la que está por nacer. Explicó que se debe hacer lo posible por salvar la vida de la madre y si por manera indirecta se pierda la vida del feto "sería una aborto involuntario".
Respecto al tercer caso, cuando el feto tenga malformaciones, opinó que lo ideal es que "la naturaleza actúe" y el feto nacerá y morirá.
El procurador criticó lo que llamó una campaña mediática que intenta vender la idea de que el "aborto es un problema de salud pública".
"Hay una dosis que se da en esta época de individualismo, lo que está en juego es la dignidad humana", manifestó.
También se defendió de las acusaciones que se le han hecho por defender públicamente sus convicciones y aseguró que estas nunca han interferido en sus decisiones y en su labor como jefe del ministerio Público.
"El país sabe que soy respetuoso del ordenamiento jurídico. Otra cosa es que yo tenga convicciones y a un funcionario público no se le puede impedir tener convicciones y no las he confundido con el ejercicio de mi labor", señaló.
Por último aseguró que si algún congresista tiene miedo de votar el proyecto por temor a represalias de su parte "carece de las capacidades para ser senador".
Alcalde y presidencia
De otro lado, el Procurador aseguró que el próximo martes se conocerá la decisión sobre le suspendido alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Ordóñez dijo que el proceso ya se encuentra en su despacho.
En la entrevista, Ordóñez dijo que por ahora "no le trasnocha la idea de optar por la presidencia de la República.
Agregó que no ha habido "nunca" un ex procurador que haya tenido una opción para llegar al primer cargo del país.
Asimismo dijo que se siente cómodo y bien en la Procuraduría y que lo único que le interesa en este momento es "terminar el periodo con la satisfacción del deber cumplido".
AUTOPSIA CONFIRMA QUE MAGISTRADO URÁN MURIÓ POR DOS TIROS DE GRACIA
Nueva necropsia encontró una segunda herida de bala y que el disparo fue hecho a corta distancia.
Los resultados de la segunda necropsia efectuada a los restos del magistrado Carlos Horacio Urán, una de las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia en 1985, confirman plenamente que el jurista fue ejecutado y no murió en medio de los combates entre el Ejército y los guerrilleros del M-19 que asaltaron el edificio.
El cuerpo de Urán fue hallado entre las ruinas del primer piso del Palacio. Pero archivos de la Televisión Española demostraron que salió con vida después de que el Ejército recuperó la edificación.
Hoy hay tres generales retirados -Jesús Armando Arias Cabrales, Carlos Alberto Fracica y Rafael Hernández López- investigados por esa muerte.
En el 2007, EL TIEMPO reveló que la billetera de Urán apareció en una bóveda secreta del Cantón Norte, al lado de una lista de supuestos guerrilleros dados de baja en la que aparecían los nombres de Urán y del magistrado Manuel Gaona Cruz, que también murió en esos hechos.
Ya el informe final de la Comisión de la Verdad, realizado por tres ex magistrados de la Corte Suprema y entregado en noviembre del 2009, daba por hecho que Urán había sobrevivido a la toma.
La autopsia de hace 26 años no detectó una segunda herida de bala, también mortal, en el cuerpo. El nuevo examen, efectuado por Medicina Legal a los restos óseos exhumados por orden de la Fiscalía, encontró dos tiros de gracia: uno en la frente y otro en la nuca, disparados a corta distancia y con armas cortas.
"No hay ninguna explicación para dichas discrepancias, salvo que se acepte que en la necropsia inicial no se hizo una exploración completa (...) lo que indicaría que se pasaron por alto algunos conjuntos de lesiones" que quedaron marcadas en los restos óseos, dice el informe entregado al fiscal del caso.
También hay rastros de lesiones en brazos, manos y piernas, que no necesariamente serían producto de las esquirlas. Los médicos legistas intentan determinar si fueron el resultado de torturas (tenía quebrados varios dedos), pues la hipótesis central de la Fiscalía es que Urán fue confundido con un guerrillero del M-19 tras su salida del Palacio.
En enero pasado, la Fiscalía anunció que investigaría como un delito de lesa humanidad la muerte del magistrado auxiliar del Consejo de Estado y por eso llamó a declarar a los generales. El viernes, en una ceremonia en la Fiscalía, la familia de Urán recibió por segunda vez sus restos.
'Salió custodiado por militares'
En su informe final, la Comisión de la Verdad concluyó que el ex magistrado Horacio Urán salió con vida del Palacio de Justicia y "bajo custodia militar, por lo que su muerte no se produjo en los hechos de la toma o de la retoma".
"Existe un video en el cual su propia esposa identifica a Carlos H. Urán cuando sale vivo del Palacio, aunque saltando apoyado en su pie derecho, lo que se explicaría por las lesiones con mecanismo explosivo que mostraba su cuerpo; pero luego su cadáver apareció en el patio del primer piso", señaló el informe final.
PROYECTO QUE PROHÍBE ABORTO TUVO SU PRIMER TROPIEZO EN EL SENADO
Mientras congresistas debatían la iniciativa, un grupo de ciudadanos protestaba contra el aborto.
La votación en la Comisión Primera del Senado quedó aplazada para este miércoles.
La suspensión de la votación se produjo tras una fuerte discusión, que por momentos se tornó religiosa.
La polémica comenzó porque varios senadores advirtieron que el Partido Conservador, y quienes apoyan la iniciativa, busca polarizar a la opinión pública con argumentos que se apoyan en la religión, pero que, según ellos, atentan contra la ciencia.
El liberal Luis Fernando Velasco, presidente de la Comisión Primera, afirmó que "están tratando de dividir a los colombianos entre los que quieren matar fetos y los que buscan defender la vida, sin entender realmente qué se está debatiendo". (Vea cómo fue el debate frente al tema en redes sociales)
El senador de 'la U' Roy Barreras, por su parte, aseguró que la iniciativa prohibiría la eutanasia, la inseminación in vitro y la anticoncepción, lo que atentaría contra los derechos de las mujeres.
Sin embargo, Manuel Enríquez Rosero ('la U') y uno de los ponentes dijeron: "Lo que se está defendiendo es una tradición jurídica, porque la Constitución, en 14 artículos, dice que hay que defender y rodear de garantías la vida".
Y Hernán Andrade (conservador) afirmó que al permitir el aborto en casos de violación, peligro de muerte para la madre o malformación del feto, la Corte Constitucional asumió atribuciones que no le correspondían.
Gómez Hurtado genera polémica
El ex senador Enrique Gómez Hurtado (conservador) calificó ayer el aborto de "gran retroceso". En declaraciones a La W, Gómez afirmó: "Dónde comienza y dónde termina una violación, cómo se hace para demostrar que una mujer no fue violada".
Y luego señaló: "(...) todo el que salió con una joroba o un brazo corto quitémoslo del medio, eso es eutanasia en su más terrible expresión".
MILITARES QUE VIOLEN DD. HH. NO IRÁN A JUSTICIA MILITAR: SANTOS
El mandatario se reunió esta tarde en Casa de Nariño con Human Rights Watch (HRW).
El presidente Juan Manuel Santos "nos aseguró que no promovería una reforma que consiga que militares que violan derechos humanos sean juzgados por la justicia militar", dijo José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW).
El chileno José Miguel Vivanco, reconoció este martes que en Colombia hay mejoría "en todo orden de cosas" bajo el mandato de Juan Manuel Santos, que se inició en agosto de 2010. "Desde luego, (hay que) reconocer frente al presidente Santos que el país ha mejorado en el clima político, el debate público, incluyendo obviamente en materia de derechos humanos", dijo Vivanco a periodistas tras reunirse con el mandatario.
Santos y Vivanco dialogaron este martes en la Casa de Nariño y tras el encuentro el director de HRW señaló que valoraba "la posibilidad de sostener un diálogo sostenido y respetuoso" con el gobernante. Un encuentro así, subrayó Vivanco, "no se podía tener con el gobierno del expresidente Uribe" (2002-2010).
Entre otros temas tratados en dicha reunión estuvo la Ley de Víctimas, que busca reparar a los afectados por el conflicto armado interno colombiano. El director ejecutivo de la ONG expresó a Santos su interés por la seguridad de los beneficiados de dicha ley. "Hicimos algunos comentarios al presidente relativos a la implementación de esa Ley. Estamos muy interesados en que aquellos que se van a beneficiar de la aplicación de la Ley puedan invocar esta norma sin riesgos a su seguridad", indicó Vivanco.
Admitió que se trata de un asunto "complejo" por cuanto "es muy difícil porque hay que enfrentar a bandas criminales, a grupos armados que aterrorizan a campesinos que han sido desplazados de sus tierras durante todo este conflicto y que hay que darles condiciones reales para que puedan ejercer sus derechos".
Santos, según Vivanco, aseguró también "que no promovería una reforma que consiga que militares que violan derechos humanos sean juzgados por la justicia militar".
CUESTIONAN ELIMINACIÓN DE COMISIÓN DE ACUSACIÓN EN PROYECTO DE REFORMA
Presidente de Comisión dijo que Santos es 'autista' en cuanto a la justicia parlamentaria.
Germán Blanco cuestionó duramente la eliminación de esta instancia parlamentaria, y dijo que la defenderán cuando la reforma de la justicia llegue a la Cámara.
Según el congresista conservador, "cinco miembros de la Comisión de la Acusación pertenecen a la Comisión Primera de la Cámara, y todos, al unísono, van a entrar en defensa de mantener la Comisión de Investigación y Acusaciones".
El anuncio de Blanco está relacionado con la eliminación de la Comisión de Acusación de la Cámara, aprobado en el primero de ocho debates que debe surtir la reforma de la justicia, la cual hace en este momento su trámite en el Senado.
En tal sentido, Blanco calificó de "autistas" a los integrantes de la Comisión Primera de Senado que aprobaron esta iniciativa.
"Lamento que el Presidente también sea autista a un tema donde se ignora la justicia parlamentaria, que es el nicho natural de investigación de él, y que vaya a querer quedar en manos de algunas cortes o de unos nuevos tribunales", afirmó el congresista.
Blanco propuso "fortalecer" la Comisión de Acusación, y dijo que "si lo que hay son recursos que le sobran al Estado porque va a crear un nuevo tribunal, pues que nos los entreguen a nosotros, les recibimos inclusive hasta la mitad de esos dineros para empezar a mostrar resultados, y que nos eleven a categoría de comisión constitucional".
La Comisión de Acusación de la Cámara investiga al Presidente, al Fiscal y a los magistrados de las altas cortes.
No obstante, el proyecto de reforma de la justicia elimina esta célula congresional y crea un tribunal especial, con nueve magistrados, que asumiría las mismas funciones de la Comisión de Acusación y las amplía.
La iniciativa está camino de recibir su segundo de ocho debates reglamentarios en la plenaria del Senado.
MARCO PARA LA PAZ PASÓ SU PRIMER DEBATE EN EL CONGRESO
La Comisión I de la Cámara, que había aplazado para este martes la votación del marco para la paz.
La Comisión Primera de la Cámara aprobó, en el primero de ocho debates, la reforma constitucional.
La reforma constitucional que crea el marco jurídico para la paz pasó su primera prueba en el Congreso. Pese a la resistencia de algunos representantes, el proyecto de enmienda tuvo 27 votos a favor y uno en contra (el de Germán Navas), en su trámite por la Comisión Primera de la Cámara.
El proyecto, según el ponente Carlos Edward Osorio ('la U'), genera "herramientas constitucionales para permitir, hacia el futuro, que quienes se desmovilicen puedan acceder a unos determinados beneficios".
La aplastante votación fue producto de una reunión en la mañana entre el presidente Santos y miembros de la Comisión Primera.
Según lo aprobado, la Constitución tendría un artículo transitorio que diría que los instrumentos de justicia transicional "buscarán la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación", y que se trata de una herramienta "excepcional".
Posibilidad de que ex 'paras' y ex guerrilleros hagan política no será votada
Sin embargo, la posibilidad de que los ex integrantes de grupos armados al margen de la ley sean candidatos a cargos de elección popular será simplemente excluida del texto del proyecto, razón por la que se podrá revivir en debates posteriores.
"Lo que se ha adoptado es una decisión de trámite simplemente. Para viabilizar que el proyecto se vote ahora en Comisión I se ha pospuesto el artículo segundo, que permitía hacer política a quienes dentro de sus actividades subversivas hubiesen cometido algunos delitos", explicó Alfonso Prada, el representante a la Cámara del Partido Verde.
Sin embargo, esta propuesta podrá revivir en cualquiera de los siguientes siete debates que le esperan al proyecto en el Congreso.
"Con el solo hecho de haberse presentado y de que se haya debatido, como se va a debatir, permite que durante los siete debates siguientes el tema queda abierto", agregó Prada.
Así las cosas, lo que se va a aprobar en la Comisión I de la Cámara será el artículo primero del proyecto, que da piso jurídico al proceso de reintegración de ex integrantes de grupos armados al margen de la ley.
"Por lo pronto se lleva al acuerdo de aprobar solo el primer artículo, que lo que hace es regularizar la situación de desmovilizados que están pendientes del fallo de la Corte Constitucional" sobre la ley 1424, o ley de desmovilizados, que busca sacar del limbo jurídico a casi 20 mil ex 'paras' rasos, dijo Germán Varón, representante a la Cámara de Cambio Radical.
No se descarta, sin embargo, que algunos integrantes de la coalición se aparten de la votación mayoritaria en algunos puntos.
Guillermo Rivera, del Partido Liberal, dijo que considera "inconveniente" que se incluya a los militares en el tema de justicia transicional.
EN EL PAÍS HAY FALTA DE CREDIBILIDAD EN INSTITUCIONES: HUMBERTO SIERRA
El magistrado de la Corte Constitucional habló sobre el tema en una conferencia.
La corrupción, el clientelismo y la compra de votos han generado "un problema de déficit de legitimidad democrática", dijo el magistrado Sierra en una conferencia.
Sierra expuso describió esta situación al intervenir en el Séptimo Encuentro de la Jurisdicción Constitucional que se desarrolla en la sede de la Universidad Externado de Bogotá.
Según Sierra, los problemas de credibilidad se evidencia "en los organismos representativos de la voluntad popular como el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos municipales".
Para superar estos problemas del Estado, el magistrado señaló que se necesitan reformas como la de contar con un Código Electoral moderno.
"Para que el Estado sea funcional es necesario fortalecer el sistema democrático y ese fortalecimiento pasa necesariamente por hacer que nuestro Congreso sea operacional, que funcione de una manera más adecuada con los principios democráticos", explicó.
Pensiones
En igual sentido se refirió a la situación de las pensiones. En respuesta al pedido del presidente Juan Manuel Santos a los jueces de unificar la jurisprudencia en ese tema, Sierra dijo que la solución es la de contar una legislación ordenada, coherente y clara.
Sierra Porto explicó que el sistema actual está disperso en numerosas leyes, decretos y resoluciones que complican su aplicación por parte de los jueces
OJALÁ LES DUELA UNA MUJER EN TODO EL CUERPO
Por: Florence Thomas
Quiero creer que no dejarán progresar un proyecto que nos devolvería al pequeño club de países que siguen considerando a las mujeres como ciudadanas de tercera.
Por cuarta vez en el año escribo sobre el aborto. En esta ocasión lo hago a propósito de los últimos debates generados por el proyecto de acto legislativo 06 del 2011, presentado por el Partido Conservador, que pretende modificar el artículo 11 de la Constitución con la pretensión de "proteger la vida desde el momento de la fecundación". De hecho, el propósito de los sectores más retrógrados de la sociedad y de las iglesias es tumbar la sentencia C/355 del 2006, que despenalizó el aborto en tres casos excepcionales.
He aprendido a asumir los retos de vivir en democracia y a escuchar las diferencias, aun cuando son inconcebibles las que se refieren a la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo. Y esta vez lo hago con determinación porque hoy, como lo dijeran tan bellamente Jorge Luis Borges y Gioconda Belli, "me duele una mujer en todo el cuerpo". Sí, me duele que se juzgue con tanta ligereza a las mujeres que optan por su vida y toman la difícil opción del aborto cuando han sido violadas o tienen el riesgo de morir si siguen con su embarazo o albergan en su útero un feto malformado.
Me duelen todas estas voces de hombres -dirigentes del conservatismo, hombres de iglesia, jueces, médicos y administradores de EPS, entre otros- que nunca tendrán que vivir el dolor del alma y de todo el cuerpo que se sufre en el momento de decidir de manera responsable la interrupción de un embarazo.
Me duele su falta de empatía, me duele que se sientan tan dueños de un saber que no les pertenece. Y me pregunto qué pueden saber los hombres de esta historia sellada en nuestra piel, en nuestra subjetividad, una historia que nos recuerda de manera incesante que nuestro cuerpo ha sido colonizado durante siglos y sigue siendo una pantalla sobre la cual se proyectan órdenes, deseos y fantasmas masculinos.
Quisiera que les duela también una mujer en todo el cuerpo, ese cuerpo suyo tan masculino y tan lejano al nuestro. Hoy, con tristeza, vuelvo a preguntarme: ¿cómo se atreven a juzgarnos, a amenazarnos y a castigarnos? Lo único que me alienta todavía es constatar que sus condenas no han servido de mucho. Hemos seguido adelante y sus amenazas, excomuniones y censuras no nos asustan. Nos sentimos cada vez más acompañadas por intelectuales, líderes de opinión, medios de comunicación -un editorial reciente de 'El Espectador' y, el jueves pasado, el editorial de EL TIEMPO- y organismos internacionales. Estos nos ayudan a reconfirmar a Colombia como un Estado laico, con una mirada pluralista, que incluye la libertad de cultos y al cual le corresponde impedir que una confesión de fe pueda ser la base de políticas de Estado.
Esperamos que las más altas esferas del Gobierno -el Presidente de la República, los ministerios concernidos y la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Cristina Plazas Michelsen- no nos defrauden, sigan siendo aliados nuestros y garanticen realmente el derecho a la vida de las mujeres.
Yo quiero creer que no dejarán progresar un proyecto que nos devolvería al pequeño club de países que siguen considerando a las mujeres como ciudadanas de tercera (El Salvador, Nicaragua y Chile, entre otros). Quisiera también recordar a todos y a todas que, aun en los 56 países del mundo donde la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada sobre simple demanda de una mujer, ninguna está obligada a abortar. Nadie obliga a una mujer a abortar. Solo ella puede y debe decidir. Nadie más. Ni el Estado, ni la Iglesia o las iglesias, ni su compañero. Y para Colombia es imprescindible que se mantenga la despenalización en los tres casos excepcionales y que a todos y todas nos duela una mujer en todo el cuerpo.
PEQUEÑA CONSTITUYENTE (II)
Por: José Obdulio Gaviria
Los constituyentes del 91 proclamaron que los viejos congresistas debían ser llevados a la hoguera; que las cortes, empoderadas por la Carta, entrarían a los feudos podridos de la politiquería -como las contralorías, la Procuraduría, la nueva Fiscalía- para desterrar las roscas, los viajes parlamentarios, el carrusel pensional, los auxilios, las alzas de salario autodecretadas y demás prebendas que succionan al erario.
El pez-león es especie venenosa y depredadora oriunda de los mares de Asia. Cierto acuario del Caribe importó algunos ejemplares para mantener en cautiverio. Pero un huracán sin remilgos ambientalistas destruyó las barreras del acuario y liberó a esos leones de mar. La especie forastera se está reproduciendo en proporciones de catástrofe y amenaza con hacerse dueña del vasto mar Caribe. Las especies nativas parecen no tener esperanza frente al avance del veneno asiático. Pues bien, los políticos son especie expansiva. Como los peces leones en el desguarnecido mar Caribe, ellos abordaron desde un principio el Consejo Superior de la Judicatura. Controlado ese baluarte, siguen escalando su ambición de poder. Songo zorongo, las cortes irán quedando íntegras en su poder (mirar un caso concreto en la CSJ http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3698865).
Después de 20 años de vigencia de la Constitución, la politiquería tiene semidesmantelada la rama judicial. Cada vez más vacantes son cubiertas por los validos y recomendados de directorios y las cortes y tribunales negocian con los nominados a contralorías y Fiscalía porcentajes de cupos en esos organismos ('roscograma' lo llamó 'El Espectador'). Créanme: a ese paso, en otros 20 años, Colombia no tendrá quién imparta justicia, sino que habrá un remedo de tribunales y un tráfico impúdico de sentencias.
La Constitución del 91 nos dio el sistema judicial más inoperante de Occidente (lo certifica un estudio del Banco Mundial). Resolver una controversia sobre contratos dura lo que la vida probable de las partes. Un juicio electoral, en ningún caso se resuelve dentro del período del cargo en cuestión. Las dos instancias de procesos de nulidad de actos administrativos puede tardar 10 años o más. Los particulares ni intentan iniciar las pequeñas causas...
¿Por qué tanta mora? Dicen que los jueces son insuficientes y piden más plata para nombrar burocracia en la rama. No hay tal. Nueva York, con 20 millones de habitantes, tiene 350 jueces que resuelven pronta y cumplidamente desde la suerte de quien robó un celular hasta un contradictorio que les planteen por 100 mil millones de dólares.Bogotá, en cambio, tiene 534 jueces. Nada o poco resuelven -y nunca prontamente-.
En junio del 2005, Juan Manuel Santos escribió, refiriéndose a las decisiones de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que le daba "mucha pena, pero (...) son una vergüenza las demoras (...) Ya se habla hasta de plata de por medio, y lo peor es que, por unos pocos, todo el Consejo (y la justicia en general) está siendo salpicado". ¿Hubo autocrítica?¿Investigaciones? ¿Expresión de un propósito de enmienda? ¡Nada! Una denuncia penal fue lo que le zamparon a Santos por metiche y 'disociador'.
Una justicia politizada, como la que estructuró la Carta de 1991, se irá integrando con magistrados que cada vez tendrán un nivel profesional e intelectual más bajo. Por eso es tan normal que protagonicen hechos mucho más bochornosos que los de los parlamentarios de aquel congreso al que alegremente le revocaron el mandato en 1990. Las faltas de ellos eran pecados veniales comparadas con las francachelas y amistades de algunos magistrados de hoy.
Entonces el único camino para hacer una reforma de la justicia que corrija el rumbo es convocar una Constituyente. ¡Ya!
EL ESPECTADOR
VERDES ANUNCIAN VOTO NEGATIVO A PROYECTO DE ABORTO
En un comunicado Lucho Garzón, vocero del partido, anunció la decisión de su colectividad.
Ad portas de que el Congreso tome una decisión acerca de la posibilidad de reservar el fallo constitucional que permite el aborto en tres excepciones (Los tres casos en los que hoy se permite el aborto en Colombia son: cuando está en riesgo la vida y salud de las mujeres, cuando existe malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo ha sido producto de violación), el Partido Verde anunció su voto negativo al proyecto del Partido Conservador.
En un comunicado, el vocero de los verdes, Lucho Garzón, anunció el voto negativo de su colectividad aduciendo que son “respetuosos de las libertades y de los derechos de la mujer”.
Además, los verde advierten que se debe mantener con prevalencia que es necesario respetar “la dignidad” de las mujeres.
“Votaremos negativamente la penalización del aborto en el Congreso de la República y, en su lugar, buscaremos que el Estado trabaje en la prevención y educación sexual y reproductiva, y en la protección y acompañamiento de las mujeres violentadas, reclamando del Estado más acción en su seguridad, y en las políticas públicas que hagan realidad sus derechos”, señala Garzón en un comunicado.
Comunicado
El Partido Verde, respetuoso de las libertades y de los derechos de la mujer, y consciente de la tensión que se presenta con el derecho a la vida en el caso de la interrupción del embarazo, reconoce la dificultad que para el Derecho y la Sociedad ha sido encontrar la fórmula que resuelva esta colisión de principios constitucionales, y encuentra razonable la propuesta por la Corte Constitucional que permite la prevalencia de la libertad de la mujer cuando se presentan los casos por ella indicados: cuando se presenta riesgo en la vida de la madre y cuando ocurre una inviabilidad probada del feto.
Esta posición respeta la libertad, pero como un principio relativo que no puede imponerse en cualquier caso frente a la vida, sino en aquellas condiciones que por la afectación permanente y grave de la libertad de la mujer, la pone en una situación de pérdida de la dignidad, lo que para nosotros es inaceptable en las mujeres y en cualquier ser humano.
Por ello votaremos negativamente la penalización del aborto en el Congreso de la República y, en su lugar, buscaremos que el Estado trabaje en la prevención y educación sexual y reproductiva, y en la protección y acompañamiento de las mujeres violentadas, reclamando del Estado más acción en su seguridad, y en las políticas públicas que hagan realidad sus derechos.
Esta es una decisión mayoritaria de la bancada parlamentaria así como de la Dirección Nacional del Partido Verde.
Cabe señalar que las decisiones en temas tan complejos y tan trascendentales para la vida nacional como el tema del aborto, y la cadena perpetua para la violación y asesinato de niños, entre otros, deben tener una participación amplia de los ciudadanos. Por eso sugerimos que la democracia se ponga a prueba no solamente en escenarios electorales sino en temas que tocan la cotidianidad de colombianos y colombianas, y para ello la Constitución del 91 previó los referendos o plebiscitos.
ABORTO, ¿POR QUÉ NO ECHAR PARA ATRÁS?
Por: Redacción Vivir
Conservadores quieren revertir a través de un acto legislativo la decisión que tomó la Corte Constitucional en 2006.
La propuesta del Partido Conservador que prohibiría el aborto incluso en las circunstancias especiales permitidas (malformaciones incompatibles con la vida, peligro de la madre y violación o incesto) continúa su camino legislativo mientras algunas organizaciones la rechazan argumentando, como señaló la abogada Mónica Roa, que “la penalización no es la solución”.
¿Cuáles son las razones de quienes se oponen a que el país eche reversa en este tema? De acuerdo con un documento firmado por varias entidades —entre ellas DeJusticia y Women’s Link Worldwide—, el proyecto afecta la autonomía y la dignidad de las mujeres. Además, de ser aprobado el acto legislativo no se evitarían los abortos y sí se obligaría, dicen, a que los legrados “se realicen en condiciones precarias en la clandestinidad”.
Desde que la Corte Constitucional aprobó la sentencia C-355 de 2006, según el Ministerio de Protección Social, en Colombia ha habido 996 abortos legales. Aunque no existen cifras sobre los abortos ilegales, el Instituto Guttmacher resaltó que, en 2008, hubo más de 400.000. La tercera parte de las mujeres que realizaron este procedimiento tuvieron complicaciones.
Una de las principales preocupaciones de las organizaciones que defienden la sentencia de la Corte es que aquellas mujeres que realicen un aborto serían enviadas a la cárcel. En una carta dirigida a los congresistas, la abogada Mónica Roa afirmó que esto “es desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno que no puede ser tratada como máquina reproductiva”.
El senador Armando Benedetti, en una misiva al presidente del Partido de la U, Juan Lozano, coincide con Roa y añade que “el problema de fondo en todo este debate es la existencia de embarazos no deseados por parte de nuestras adolescentes y mujeres en general”. En 2008, el 67% de los embarazos no fueron deseados. Por eso, las organizaciones, encabezadas por Profamilia, piden más énfasis en el cuidado prenatal y más educación en métodos anticonceptivos.
Esas no son sus únicas preocupaciones. El proyecto, afirma el informe entregado por varias organizaciones, “puede derivar en la prohibición de métodos anticonceptivos como el DIU e incluso la prohibición de la fertilización in vitro”. Una de las cabezas de la iniciativa, José Darío Salazar, presidente del Partido Conservador, aseguró que nada de eso sucedería.
Sin embargo, Roy Barreras, senador de La U, y Mónica Roa advirtieron que otro efecto de la aprobación de la propuesta es que las personas en estado terminal no podrían acudir a la eutanasia.
CONSERVADORES DICEN QUE QUIEREN 'SATANIZAR' SU PROYECTO PARA ACABAR ABORTO
La iniciativa que busca abolir esa práctica en Colombia será votada este miércoles.
"Si defender vida del inocente es ser cobarde, soy un cobarde"
Un agudo debate se dio este martes en la comisión primera del Senado alrededor del proyecto que busca abolir el aborto en Colombia.
El senador conservador Hernán Francisco Andrade dijo que “no aceptamos que nos satanicen de que el debate que le damos al aborto es ético-religioso porque este es un debate jurídico de defensa del derecho a la vida”.
“No aceptamos que pretendan engañar a los millones de mujeres cuando les dicen que con este proyecto se van a ir a la cárcel porque eso es falso”, sostuvo.
El legislador señaló que el 81% de las mujeres en el mundo tienen trauma postaborto y precisamente “lo traumático es el aborto y no aceptamos que se diga que la prohibición del aborto hace elevar el número de abortos ilegales”.
Los conservadores defienden que no van a sustituir la Constitución porque “fue la Corte la que violó el derecho a la vida aprobando el aborto en sus excepciones”.
A su turno, el senador de La U Roy Leonardo Barreras dijo que “el aborto siempre es una decisión triste y ninguna colombiana quiere abortar pero no vamos a permitir que además metan a la cárcel a aquellas mujeres que se ven obligadas a interrumpir el embarazo porque las violaron, porque tienen en riesgo su vida o porque el feto llega con una malformación congénita”.
“Este proyecto es un paso atrás en la historia y en la ciencia, y va en contra de los derechos adquiridos de las mujeres y penalizaría no solamente el aborto sino la anticoncepción, la fecundación in vitro, las terapias de células madre o la eutanasia pasiva”, explicó.
“Esa idea del proyecto es un retroceso y hay que votarlo negativamente”, dijo
El proyecto de reforma constitucional del Partido Conservador será votar este miércoles en la comisión primera del Senado. Los tres casos en los que hoy se permite el aborto en Colombia son: cuando está en riesgo la vida y salud de las mujeres, cuando existe malformación fetal incompatible con la vida extrauterina y cuando el embarazo ha sido producto de violación.
¿Qué pasó con la senadora Karime Mota?
Una extraña circunstancia rodeó este martes la excusa de la senadora Karime Mota y Morad para no llegar a la discusión de la iniciativa.
Ella, la única mujer de la comisión primera, hizo llegar una excusa por retraso en un vuelo.
Sin embargo, el vuelo de Mota salió hacia Medellín a las 10:48 de la mañana con rumbo a Medellín y llegó a Bogotá a las 2:22 de la tarde. Pero en desarrollo de la comisión nunca llegó la senadora, creando suspicacias en los pasillos del Capitolio Nacional sobre el sentido de su voto.
EN NOMBRE DE CUÁL MORAL?
Por: Cecilia Orozco Tascón
¿Quiénes son los senadores enemigos de la libertad de las mujeres y abanderados del prohibicionismo, en este caso del aborto terapéutico, que en nombre de su moral claman por reducir a las madres en potencia a lo que ordenen los machos de su especie?
¿Quiénes son los líderes de la Comisión Primera del Senado que promueven el voto a favor de que las embarazadas violadas o las genéticamente deficientes paguen con cadena perpetua el crimen de decidir por sí mismas? Revisemos el pasado impoluto de algunos de ellos:
Manuel Enríquez Rosero. Entró al Senado, salió y volvió a entrar por una tutela que le concedió Ovidio Claros, reconocido politiquero del Consejo de la Judicatura. Investigación por pérdida de investidura por haber incidido en los nombramientos de su hermano, Efraín Enríquez Rosero, y de su cuota, Luis Eduardo Mejía, en el Instituto Nacional de Salud entre 2006 y 2009, como secretario general y director nacional de ese organismo. Según denuncias ciudadanas, el INS descendió, en la época uribista que le premiaron a Enríquez, del nivel científico al del clientelismo regional de Nariño. Tanto que pasó a ser denominado el “Instituto Nariñense de Salud”. La Procuraduría, a través de su delegado Gilberto Castro, lo defendió ante el Consejo de Estado. Pidió mantenerle la invstidura, solicitud que coincidió con la decisión final del tribunal contencioso.
Juan Manuel Corzo. Investigación por el carrusel de las notarías: corrupción con prebendas oficiales (Notaría Segunda de Cúcuta) a cambio de votos en el gobierno Uribe para que el Congreso aprobara la reelección presidencial. Nexos con paramilitares: investigación archivada, pero reabierta en la Corte Suprema por confesión del paramilitar alias El Iguano, condenado por el asesinato de 170 personas, pero vinculado a 5.000 homicidios. El Iguano, que asegura haber hecho acuerdos con Corzo, utilizó “hornos crematorios” para no dejar huellas de sus víctimas. Denuncias: relaciones políticas con el narcotraficante extraditado Jensy Miranda. Alianzas con el PIN. Tráfico de influencias, entre otros en Corponor —llamado regionalmente ‘Corzonor’— y en la Procuraduría, donde tendría cuotas burocráticas.
Hernán Andrade. Investigación a su campaña electoral al Senado en 2006 por el hallazgo de dos pagarés a su nombre por $250 millones, como deuda suya al responsable del multimillonario desfalco a Cajanal. Carrusel de las notarías por su voto a favor de la reelección presidencial. Manejo irregular de bienes incautados al narcotráfico en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Investigado por el procurador Ordóñez por este mismo caso.
Hemel Hurtado y Juan Carlos Rizzetto. Miembros del PIN, partido del condenado Juan Carlos Martínez y del destituido Juan Carlos Abadía. Compañeros de bancada de El Gatico; del hijo del condenado Hugo Aguilar; de la hermana del condenado por la masacre de Macayepo, Álvaro García Romero, entre otros.
Se sabe que el gran padre del proyecto del prohibicionismo no es ningún parlamentario. Es Alejandro Ordóñez, juez de los congresistas, a los que puede destituir para toda la vida, como a Piedad Córdoba; salvarles la curul, como a Enríquez; darles cuotas, como a Corzo; abrirles investigación, como a Andrade, o mantener en vilo, como a Hurtado y Rizzetto. La buena suerte de su propósito, pues, está garantizada. Entre el poder de la Procuraduría y el de la Unidad Nacional del gobierno Santos, que voltea la cara para otro lado, no hay nada que hacer. Que aplasten a las mujeres. No hay remedio. Pero que no traten de convencer a nadie de que votan para honrar su inexistente moral.
EL NUEVO SIGLO
CÁMARA APRUEBA LEY DE DERECHOS PARA DISCAPACITADOS
Fue aprobado en primer debate de la Comisión Primera de la Cámara el proyecto de ley que busca garantizar los derechos a los discapacitados, mediante la adopción de medidas de inclusión, al tiempo que elimina toda forma de discriminación.
Este proyecto, que fue radicado por el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, el pasado 8 de septiembre, tiene como objetivo instaurar un enfoque diferencial que permita brindar la atención y protección a las personas con discapacidad según su situación específica y, en algunos casos, según su vulnerabilidad.
La iniciativa, que pasa ahora a segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, define mecanismos para que el Sistema General de Seguridad social y Salud incorpore, dentro de los planes de beneficios obligatorios, la cobertura de los servicios de habilitación y rehabilitación integral.
También contempla la formalización del empleo y programas de aseguramiento de riesgos laborales y no laborales de las personas con discapacidad.
CONSULTAN LEY DE VÍCTIMAS CON NEGRITUDES
En los 21 departamentos donde hay presencia de comunidades negras legalmente constituidas, se realizó el proceso de socialización de los proyectos de Ley de Víctimas y Regalías.
Durante las jornadas, los consultivos de alto nivel y departamentales (representantes escogidos mediante voto popular por las propias comunidades), delegados de consejos comunitarios, organizaciones, líderes regionales, organizaciones de desplazados, catedráticos, estudiantes y la población en general, pudieron realizar sus críticas, sugerencias, objeciones y observaciones frente a los proyectos, con un enfoque diferencial y procurando la generación de beneficios para sus comunidades.
Luego de la Consulta Previa, que es un imperativo taxativo constitucional para la generación de programas, planes y proyectos con enfoque diferencial, los ministerios encargados de los temas, coordinados a través de la cartera del Interior, construyen la propuesta que será llevada al Congreso de la República para su aprobación en Senado y Cámara.
El Director de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior, Boris Zapata Romero, explicó que además de las propuestas recogidas en las reuniones consultivas, estas comunidades también remitieron sus inquietudes por correo físico y mensajes electrónicos.
“No fue una labor fácil, en algunas regiones los procesos fueron duros, dispendiosos y no se aceptó el tema de la consulta con agilidad; sin embargo, en la mayoría recogimos documentos sobre cómo quieren las comunidades que sean los proyectos de ley para ellos, especialmente en temas tan delicados como Víctimas y Regalías. El propósito del Ministerio del Interior es que en las propuestas legislativas queden reflejadas las necesidades y realidades de las comunidades negras, raizales y palenqueras”, explicó Zapata Romero.
Esta semana los consultivos de alto nivel trabajarán conjuntamente con los Ministerios del Interior, Justicia, Hacienda, Agricultura, entre otros, para la creación definitiva de los documentos.
Los departamentos en los que se trabajó en consulta previa fueron: Cauca, Nariño, Valle, Chocó, Antioquia, San Andrés, Atlántico, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Santander, Arauca, Putumayo, Risaralda, Caldas, Huila, Meta, Quindío, y la ciudad de Bogotá.
CONGRESO DEBATIRÁ SOBRE CHOFERES BORRACHOS
Tras los nuevos incidentes que se han reportado sobre conductores en estado de embriaguez al mando de vehículos y que han producido muertos y heridos, el debate vuelve al Congreso.
La plenaria de la Cámara de hoy tiene agendado el estudio en segundo debate del proyecto de ley número 206 de 2011 Cámara, acumulado con el Proyecto de Ley No. 253 de 2011 Senado, “por medio del cual se introducen modificaciones a la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, a la Ley 599 de 2000 Código Penal”, acerca del castigo a los conductores en estado de embriaguez, del que figuran como autores los senadores Carlos Alberto Baena y Manuel Virguez, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), y Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), así como los representantes Gloria Stella Díaz, del Mira, y Germán Varón, de Cambio Radical.
La iniciativa elimina la aplicación de la sustitución de la detención preventiva, la pena de prisión domiciliaria y la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en las conductas punibles de homicidio culposo y lesiones personales culposas derivadas de accidentes de tránsito, siempre que concurran las circunstancias del artículo 110 del Código Penal. Además, modifica la normatividad existente estableciendo que cuando un agente, que conduciendo vehículo automotor en estado de embriaguez o bajo el influjo de sustancias psicoactivas, ocasione la muerte o lesione a personas en accidente de tránsito, incurrirá en homicidio doloso y lesiones dolosas.
Sin embargo, el avance del proyecto no cuenta con miradas positivas por parte de los conocedores del derecho penal.
“La ausencia de controles más eficaces en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el de la concesión de licencias de conducción, han llevado a dirigir toda la atención para la solución” de la accidentalidad vial “al derecho penal. El problema es que el derecho penal no soluciona problemas”.
Con estas palabras el catedrático Ricardo Posada, profesor asociado y director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminalística de la Universidad de los Andes, le comentó a EL NUEVO SIGLO los verdaderos alcances de los esfuerzos del Congreso para, por ejemplo, incrementar las penas para los conductores ebrios.
“Yo creo que el debate sobre la problemática de la seguridad vial se ha planteado mal en Colombia”, señaló Posada, reiterando que “el derecho penal no cumple ahí una real función preventiva”; por eso se preguntó: ¿Qué pude hacerse para que no tenga que llegarse ya al último eslabón en la prevención que sería el derecho? ¿Cómo hacemos para garantizar que las personas que están conduciendo son de verdad personas idóneas para hacerlo? ¿Cómo hacemos para que no se expidan licencias de conducción tan fácil? ¿Cómo hacemos para que la capacitación sea real? ¿Cómo evitamos la corrupción en estos ámbitos? Hay una serie de elementos o de situaciones que debemos analizar previamente antes de llegar a creer que con el derecho penal podemos resolver todos los problemas en materia de seguridad vial”.
Sin embargo, otra cosa creen los ponentes, de acuerdo con lo consignado en el informe para el segundo debate, suscrita por el equipo conformado por los representantes Miguel Gómez y Carlos Arturo Correa, de La U; Alfonso Prada, del Partido Verde; Juan Carlos Salazar, del Partido de Integración Nacional (PIN); Germán Varón, de Cambio Radsical; Juan Carlos García, del Partido Conservador; y Pablo Enrique Salamanca, del Partido Liberal
“Se debe sostener que el derecho penal en su etapa de conminación busca un comportamiento del ciudadano que respete el derecho y no sólo que no infrinja una ley, sino que obliguen al comportamiento adecuado con las condiciones mínimas de cuidado en hechos o actividades que así lo exigen”, consignaron los ponentes.
“En conclusión”, sostuvieron, “bajo estas consideraciones parece oportuno la regulación que el proyecto en estudio contiene en el sentido que cuando la lesión de los bienes jurídicos vida o integridad personal deviene por acontecimientos que ex ante resultan previsibles para el autor y este es indiferente ante la posible ocurrencia de los mismos se recurra a la figura del dolo, empero parece necesario aclarar la redacción del mismo”.
Esto no convence a los académicos. “Hoy en Colombia, cualquier accidente de tránsito tiene más penas que muchos delitos comunes”, expresó Posada.
DERECHOS NO LLEGAN A LAS CÁRCELES
La salud y la familia son los derechos fundamentales que más se les vulneran a los reclusos en Colombia, según una investigación del Instituto Rosarista de Acción Social (Seres) de la Universidad del Rosario. De acuerdo con los internos e internas consultados, los derechos que más se infringen en las cárceles son salud, con 51,1 por ciento; la familia, con 33 por ciento; la intimidad, con 32,4 por ciento; el trabajo, 28,8 por ciento y la educación, 28 por ciento.
Le siguen los derechos a la entrevista jurídica, la dignidad y la alimentación, con 11,1 por ciento, según el estudio.
Para Mónica Mendoza, investigadora del Seres, “de esto se puede concluir que, si bien la prisión implica la privación del derecho a la libertad, también impide o limita el acceso y goce de otros derechos fundamentales, que no deberían verse afectados en el cumplimiento de la pena”. El Seres de la Universidad del Rosario realizó una encuesta en establecimientos penitenciarios de Bogotá, Valledupar, Jamundí y Acacías, en donde entrevistó a 550 personas recluidas para indagar por aspectos generales de la realidad del sistema penitenciario y carcelario.
Educación
La investigación encontró que 85 por ciento de los reclusos había cursado algún nivel de educación escolar antes de ingresar al establecimiento. No obstante, de éstos sólo 40 por ciento hizo hasta quinto grado de primaria y únicamente 23 por ciento terminó completamente la secundaria, lo que evidencia el bajo nivel educativo de los internos e internas del país, dijo Mendoza.
54,3 por ciento de los reclusos manifestó estar vinculado a alguna actividad de aprendizaje, 26,2 por ciento dijo no estarlo y 19,5 por ciento no respondió. Sin embargo, cuando se profundizó en el tema para saber qué tipo de formación recibían, sólo 34 por ciento señaló estar en programas de enseñanza formal.
Relación con la familia
Para los internos, las causas que más afectan la relación con sus familias son el tipo de condena (54 por ciento) y la dificultad en las comunicaciones (33 por ciento). El estudio encontró que 13 por ciento de los internos evita el contacto de su familia con la cárcel. Tan sólo 4% dice no ver su relación afectada y 3 por ciento manifiesta no tener familia.
Alimentación, seguridad e infraestructura
Aunque las políticas públicas y la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han buscado mejoras en las condiciones de los internos, 41,5 por ciento considera que no se han implementado mejoras, mientras que 17,1 por ciento piensa que la seguridad ha mejorado y 16,7 por ciento resalta la alimentación.
En menores porcentajes, las mejoras en infraestructura registran 9,6%, las actividades recreativas 8,5 por ciento, el tratamiento psicológico 7,8 por ciento, higiene 6,7 por ciento y la acomodación 4,4 por ciento.
Para la investigadora, en Colombia no se han explorado e implementado penas alternativas a la prisión y el fin de la pena se desdibuja, al no centrarse en la inclusión social de los internos, lo que por otro lado facilita la vulneración de derechos fundamentales.
“Los internos e internas no reciben preparación para la inclusión social, es decir, evitar que, cuando regresen a la libertad, vuelvan a cometer delitos”, comentó.
El análisis al sistema penitenciario y carcelario colombiano que realizó el Seres, indica que la única solución brindada ha sido el control del hacinamiento, cuando en realidad se necesita una administración de justicia eficiente y oportuna, preocupada por preparar al recluso para la inserción social.
INICIATIVA POPULAR
Por: José Gregorio Hernández Galindo
LA democracia participativa, una de las características más importantes de la Constitución Política de 1991, tiene en la iniciativa popular, es decir, en la facultad del pueblo de proponer a las Cámaras proyectos de ley o de reforma constitucional, uno de sus mejores instrumentos.
Aunque, a decir verdad, se ha hecho poco uso de la figura, por falta de divulgación y por los obstáculos que introdujo la Ley Estatutaria 134 de 1994 y que completa a veces con exceso la autoridad electoral, su trascendencia es inocultable, en cuanto implica una relación directa entre el ciudadano y la normatividad que rige la vida de la Nación.
En consecuencia, a las iniciativas de origen popular debe dárseles el trato prioritario que merecen, si estamos comprometidos genuinamente con el concepto participativo de nuestra organización política.
Desde luego, el Congreso no está obligado a aprobar siempre lo que se le propone, pero no cabe duda de que su estudio y análisis deben adelantarse con el mayor detenimiento, dándole el nivel de importancia que tiene.
Lo decimos a propósito del proceso que hoy se inicia en el Senado, sobre la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona, a partir de una iniciativa de reforma constitucional de profunda raigambre popular, que deja ver cómo, en relación con la interrupción del embarazo, no hay unanimidad en Colombia.
Con independencia de si se está de acuerdo o no con los tres casos de justificación del aborto que hoy hacen parte del sistema jurídico en virtud de la sentencia proferida en 2006 por la Corte Constitucional, lo cierto es que, sin dejar de cumplir el fallo -que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional-, no podemos mirar despectivamente la iniciativa. Es una parte del pueblo -y no solamente un grupo de congresistas- la que considera que el asunto debe ser revisado por el Constituyente derivado, -el Congreso, en virtud del poder de reforma de la Constitución que le ha sido conferido- y así lo ha planteado en ejercicio de la iniciativa popular.
Y tan legítima es esa posición de los ciudadanos firmantes del proyecto como la de aquellos que postulan el aborto como un derecho de la mujer.
El tema es -aquí sí literalmente- de vital importancia, y el Congreso tiene a cargo el reto de resolver con imparcialidad.
FUEROS DE DESAFUEROS
Por: Fernando Navas Yalero
SE incluyó, desprevenidamente, en el texto del proyectado Acto Legislativo que promueve el Gobierno para reformar la Justicia, un articulado que se ocupa en la reestructuración del fuero militar. Todo, seguramente, porque este ha sido un tema recurrente a raíz de algunas sentencias que los jueces ordinarios han dictado en casos que involucran a miembros de las Fuerzas Militares. La iniciativa en cuestión desató una recia polémica, motivo por el cual supuestamente se desiste de su inclusión en esa agenda, para no enredar el asunto.
El grueso público no comprende el desencuentro político, porque se entiende que el fuero militar es una alcahuetería inventada para encubrir los delitos de los agentes de la Fuerza Pública y en este error son muchos los que caen.
Para empezar hay que señalar que se trata de una vieja institución organizada en el Imperio Romano y que facultaba a los generales para castigar, en el acto, a los subalternos que violaban la disciplina; Consejos de Guerra Verbales se llamaron estos juicios. La doctrina elaboró la teoría al respecto y predicó: “La exactitud de la disciplina descansa en la pronta defensa de los soldados, únicamente tan dóciles como deben, cuando ven en el jefe que los manda a un juez que puede castigarlos; y que no hay intervalo alguno entre la falta y el castigo imposible de eludir”. Jeremy Bentham.
La confusión se originó cuando a los civiles los juzgaron los Tribunales Militares y tales juicios fueron amañados, a tal punto que se dogmatizó que la duda se resuelve a favor del Estado y así se acabó con la presunción de inocencia. De ahí nació la desconfianza hacia la Justicia militar. Ahora se cambiaron los papeles y los militares desconfían de los jueces civiles. Ni uno ni otro deberían ser sospechosos de desafueros, esto es, de realizar actos contrarios a la ley, la justicia o las normas sociales.
Los fueros políticos y militares no son otra cosa que prerrogativas organizadas en la ley; entonces, más correcto es llamarlos privilegios, instituidos para disipar toda sospecha de un juicio parcializado. Si ello es así, lo propio es abordar el tema del fuero castrense en la Reforma a la Justicia, pues corresponde al constituyente asegurarse de que los procesos judiciales, todos, no pongan en duda la imparcialidad del juez y que se decidan por funcionarios de las más altas virtudes y que se consagren garantías ineludibles a este respecto. Pero esto es pedir demasiado, y más ahora, cuando la Justicia ha sido invadida por el arbitrio judicial y la oralidad invita a los jueces a resolver sobre la marcha y por lo general lo hacen movidos más por la premura en el tiempo y el afán de reforzar el principio de autoridad que por el deseo de acertar. Cualquier ley es buena en manos de un juez honesto y ninguna lo será en manos del arbitrario.
REVISTA SEMANA
“PROHIBIR EL ABORTO NO ES UN RETROCESO”: ALEJANDRO ORDÓÑEZ
El Procurador general sostiene que si no hay derecho a la vida no hay “ningún derecho humano”.
Alejandro Ordóñez reiteró que el proyecto que pretende prohibir el aborto en los tres casos en los que está permitido por sentencia de la Corte Constitucional no es un retroceso sino un avance. Así lo aseguró en declaraciones a la W Radio.
El Procurador general señaló que el debate que se ha dado en torno a este proyecto es “interesante”, pero aseguró que si no “hay derecho a la vida” no hay ningún “derecho humano”.
Según el jefe del ministerio público, si una mujer es violada y queda embarazada, lo más importante es proteger a la madre en su drama, por lo que no se debe sumar “otra tragedia a la de la violación, el aborto”.
Así mismo, en los casos en los que el feto tenga malformaciones, el Procurador sostiene que es necesario dejar que “la naturaleza actúe”. Si el feto no es viable, nacerá y morirá naturalmente.
En el caso en el que el feto ponga en peligro la vida de la madre, el jefe del ministerio público sostiene que se debe hacer todo lo posible para salvar la vida de la progenitora y si de manera indirecta se pierde la vida del feto se tratará de “un aborto involuntario”.
Ordóñez aseguró que lo que está en juego es la “dignidad humana”, al tiempo que advirtió que hay campañas “mentirosas” que pretenden “vender la idea de que el aborto es un problema de salud pública”.
Sobre la posibilidad de que los congresistas de la Comisión Primera del Senado se sientan presionados para votar a favor de la prohibición del aborto, señaló que al que le “dé miedo votar el proyecto del acto legislativo para prohibir el aborto por temor a represalias carece de capacidades para ser senador”.
LA VERDADERA REFORMA JUDICIAL YA SE ESTÁ DESARROLLANDO”: CORPORACIÓN EXCELENCIA EN LA JUSTICIA
La ONG argumentó que varias leyes y proyectos constituyen la verdadera reforma y habilitó un espacio para que la sociedad civil aporte a la discusión.
La organización argumentó que la legislación recientemente aprobada que introduce reformas a normas vigentes o establece nuevas sanciones es la “verdadera” reforma judicial, pues “apunta a problemas inmediatos del aparato judicial”.
“Es una reforma que ha avanzando mediante la aprobación de leyes como: 1) el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (que apunta a la resolución de todas las controversias entre la ciudadanía y la administración), 2) la denominada ‘Ley de Seguridad Ciudadana’, que introduce reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal, a la Ley de Infancia y Adolescencia y a la ley sobre Extinción de Dominio, 3) la reforma constitucional para introducir el principio de sostenibilidad fiscal, que prevé la creación de un incidente de impacto fiscal en los procesos de inconstitucionalidad llevados ante la Corte Constitucional, 4) la Ley de Víctimas y Tierras, que contiene disposiciones sobre medidas administrativas y judiciales a favor de quienes han padecido el conflicto armado y 5) el ‘Estatuto Anticorrupción’, que introduce diversas medidas de carácter penal y administrativo”.
La corporación también anotó que en el Congreso cursan los proyectos de Código General del Proceso, el Estatuto del Consumidor, entre otros.
Por esta razón, la ONG hizo un llamado a la sociedad civil para que esté pendiente de las reformas constitucionales presentadas por el Gobierno y el Consejo de Estado.
Y anunció en su página web www.cej.org.co la creación de un espacio para el “Seguimiento de la Reforma global a la Justicia” . En este espacio los ciudadanos podrán dar sus opiniones sobre el avance del proyecto y hacer reflexiones sobre cuál es la reforma que requiere el país.
ABORTO: MOTA Y LONDOÑO LOS VOTOS CLAVE
Durante la discusión del proyecto, manifestantes en contra y a favor del aborto se apostaron afuera del Congreso para expresar sus consignas.
La votación del primer debate del proyecto que pretende penalizar el aborto fue aplazada para este miércoles. Dos senadores deberán definir sus posturas y con ellas determinarán la suerte de esta iniciativa.
El Congreso se metió en un debate que la sociedad colombiana parecía tener superado: la penalización del aborto. Todo a pesar que la Corte Constitucional, en una histórica sentencia, pareció superar la controversia, al permitir esta práctica en tres casos específicos.
Este martes, en la Comisión Primera del Senado, se dieron cita miembros de la academia, expertos en medicina, y representantes de organizaciones sociales en contra del aborto, que, apelando a argumentos éticos, religiosos, y hasta científicos, trataron de conmover a los congresistas para que blindaran el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Se oyeron argumentos como que el “aborto es un homicidio”, o mensajes sugestivos como “si te metes con la vida, la mujer y la familia, no cuentes con mi voto”.
Mientras tanto, los congresistas de posturas más liberales defendieron no sólo los alcances de la sentencia de la Corte Constitucional, sino la posibilidad de muchas mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Armando Benedetti (la U), quien participó del debate, aunque no puede votar (por pertenecer a otra comisión), fue el principal defensor de esta postura y pidió a los partidos políticos tener el valor de asumir una posición en bancada frente al tema, y no dejar el tema en el espectro de la conciencia de cada congresista.
Los conservadores controvirtieron a quienes piden archivar la iniciativa con el argumento de que ‘macartizaron’ el debate al orientarlo hacia los planos ético y religioso, e incluso temerario. “Este es un debate jurídico de defensa del derecho a la vida. No aceptamos que pretendan a engañar a la opinión pública que con que este proyecto sólo busca llevar a la cárcel a quienes practiquen el aborto”, dijo el senador Hernán Andrade.
Durante casi cuatro horas de discusión, gran parte de los congresistas definieron sus posturas y destaparon sus cartas frente a lo que será la votación. El proyecto necesita 10 votos a favor (de 18 senadores que integran la comisión) para superar su primer debate. En las cuentas de los ponentes, de momento hay ocho votos asegurados. Y dos senadores tendrían la última palabra: Karime Mota, del partido de la U, y Jorge Londoño, del Partido Verde.
Mota, la única mujer de la Comisión Primera, se ausentó del debate y se excusó de comparecer por motivos de fuerza mayor (ver artículo). Certificó que el avión que debía trasladarla desde Barranquilla a Bogotá sufrió una falla mecánica y no consiguió forma de conectar con otro vuelo. Pero el senador Roberto Gerlein, quien también viajó desde Barranquilla, estuvo presente en toda la discusión.
Esa circunstancia no permitió que la congresista sentara su posición frente a la prohibición del aborto, incluso en los casos en que el cuerpo de la mujer está más comprometido: cuando queda embarazada producto de una violación o cuando el parto significa un riesgo de muerte para la madre.
Ahora Mota está obligada a definir su postura. Y su voto sería determinante para el Partido Conservador, principal promotor del proyecto. Por su parte, Jorge Londoño, del Partido Verde, aún no ha definido públicamente su posición y sus pronunciamientos previos siguen siendo difusos.
Este martes, antes del debate, dijo que el proyecto, tal y como está redactado, “debe ser reconsiderado”. En su criterio, se debe consultar a la academia e incluso al pueblo colombiano, mediante un referendo.
Su Partido, el Verde, tiene como principio la defensa a la vida (“la vida es sagrada” era una de las consignas de este partido en la campaña política del 2010). Pero también el respeto de la Constitución y de las sentencias de la Corte.
Londoño dijo que este debate no es anacrónico y que es necesario seguir discutiendo sobre el aborto. Pero consideró que los alcances del proyecto, que afectaría el derecho a morir dignamente, lo llevan a pensar que votaría en contra del proyecto. Sin embargo, aclaró que su postura sólo será definida al momento de la votación.
CMI
FEDERACIÓN MÉDICA EXHORTA AL CONGRESO A NO ECHAR ATRÁS DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO
La Federación Médica Colombiana ante la intención del Partido Conservador de cambiar la Sentencia C-355 de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto en las tres situaciones especiales a saber: embarazo por violación, embarazo que amenace la vida de la madre y embarazo con inviabilidad fetal post parto, se pronunció y manifiesta que:
1. Como auxiliar de la justicia, su compromiso es velar específicamente por el cumplimiento de las leyes de la República en materia de salud.
2. Como entidad científico-gremial debe también velar por los derechos de los médicos y garantizar que los avances de la ciencia sean asequibles a toda la población habitante del territorio Nacional.
3. El aborto en Colombia es un problema de salud pública que al ser realizado en condiciones inadecuadas e inseguras para las mujeres embarazadas que se someten a este procedimiento y les produce en esas condiciones altas cifras de morbilidad y mortalidad.
4. Los avances científicos en materia de fertilización in vitro logrados en Colombia se verían en serio riesgo de ser penalizados y, por lo tanto, desaparecerían en el país.
DECLARA
1. Que es amenazante contra la salud y la vida de las mujeres afectadas en las tres situaciones anteriormente mencionadas, penalizar nuevamente el aborto.
2. Que de ser así, en tales condiciones sus derechos sexuales y reproductivos serían afectados negativamente, al igual que el derecho de toda la sociedad colombiana al disfrute de los avances científicos, en particular las parejas que por su condición de esterilidad intentan métodos de fertilización in vitro para ejercer su pleno derecho a realizarse como padres y constituir una familia.
3. Que los médicos que decidan expresar objeción de conciencia para cumplir con la sentencia de la Honorable Corte Constitucional, que despenaliza el aborto en Colombia, deben hacerlo ante la institución para la cual trabajan o a la que piensan vincularse, para que su objeción no se convierta en obstáculo a la salvaguarda de los derechos de las mujeres y la institución pueda organizar de manera óptima la atención médica oportuna y suficiente y, a su vez, tampoco le sea violado al médico su legitimo derecho de objeción de conciencia.
Por todo lo anterior, la Federación Médica Colombiana exhorta al Honorable Congreso de la República de Colombia y en particular a los miembros de la Comisión Primera del Senado, a que no se eche atrás este avance en derecho logrado bajo la Constitución de 1991 al amparo de su artículo 1° que consagra a nuestro país como un Estado Social de Derecho.
La comunicación de posición es firmada por la Junta Directiva Nacional de la Federación Medica encabezada por el presidente de la Federación, Sergio Isaza.
EL DEBATE DE HOY SOBRE EL ABORTO. SI SE HUBIERA PODIDO VOTAR HOY
La Comisión Primera del Senado inició hoy la discusión del proyecto de reforma constitucional que prohíbe el aborto en Colombia, aun en los tres casos en que los autoriza la Constitución.
En la sesión de hoy intervinieron 15 académicos invitados, quienes expusieron argumentos en pro y en contra, y la mayoría de los senadores de la comisión.
El presidente de la comisión, Luis Fernando Velasco, ante el carácter puramente religioso y moral de algunas de las exposiciones, observó que el debate debería ser sobre salud pública, que es la misión del Congreso, y no sobre la creencia moral, íntima, subjetiva de cada persona, que es un asunto absolutamente individual.
En la sesión hubo intervenciones ultraconservadoras, como la del senador de Pasto Manuel Enríquez Rosero, e intervenciones absolutamente progresistas, como la del senador Roy Barreras.
La votación se hará mañana. Si hubiera ocurrido hoy, su resultado habría sido el siguiente:
A favor de la prohibición total del aborto: 4 conservadores, 2 del Partido de la U, 2 del PIN. Total: 8.
En contra de que se prohíban los tres casos en que está autorizado están 3 liberales, 2 del Polo y 1 de la U. Total: 6.
Pero después de las intervenciones de hoy, especialmente la del presidente de la Federación Colombiana de Obstetricia, Iván Gómez, la situación cambió. Varios senadores decidieron que votarán mañana en contra del proyecto. Esta noche la situación está así:
En contra del proyecto: 3 liberales, 2 del Polo y 1 del Partido Verde.
A favor: 2 de la U, 4 conservadores y 2 del PIN.
Las cifras están: 8 a favor del proyecto que prohíbe totalmente el aborto y 6 en contra.
Hay dos indecisos: la senadora Karime Mota y Carlos Enrique Soto, ambos de la U. Si los dos votan en contra del proyecto, será hundido mañana mismo. El reglamento interno así lo establece.
Escuchen esta cifra de Profamilia: de cada cien mujeres que murieron en Colombia el año pasado por complicaciones en el parto, 16 ocurrieron por abortos inducidos, clandestinos, mal hechos, sin las mínimas condiciones médicas.
Irónicamente una mujer, Karime, tiene en sus manos la suerte de centenares de mujeres que podrían estar expuestas a morir por un aborto clandestino.
Por eso, la lupa está sobre estos dos congresistas: Karime Mota, quien seguramente ahora sí estará en durante la discusión, y Londoño, quien tras varias discusiones aún no ha definido en qué sentido va a votar el proyecto.
Por ellos pasa la suerte de este proyecto, cuya votación arrancará este miércoles a las 11 de la mañana.
SENADO AVANZA EN DEBATE SOBRE PROHIBICIÓN DEL ABORTO
A esta hora 15 de 17 miembros de la Comisión Primera del Senado debaten la conveniencia o no de que se apruebe el proyecto de acto legislativo presentado por el Partido Conservador que busca eliminar cualquier excepción a la prohibición del aborto en Colombia.
El proyecto, que surte hasta ahora su primer debate, tiene a su favor, además de los legisladores conservadores (Roberto Gerlein, Hernán Andrade, Eduardo Enríquez Maya y Juan Manuel Corzo), y varios miembros de ´la U´ (Manuel Enríquez Rosero, Carlos Soto y Juan Calos Vélez). También estaría a favor el senador del Partido Verde, Jorge Londoño, lo cual le da, en principio, 8 votos a favor.
Abiertamente en contra se han mostrado los miembros del Partido Liberal (Juan Fernando Cristo, Jesús Ignacio García, Luis Fernando Velasco y Juan Manuel Galán), el Polo (Parmenio Cuellar y Luis Carlos Avellaneda) y el ponente, de 'la U', Roy Barreras. 7 votos.
Los senadores que podrían inclinar la votación en un sentido u otro, son los integrantes del PIN (Hémel Hurtado y Juan Carlos Rizzeto).
En su intervención Barreras aseguró que es necesario diferenciar entre un embrión y feto: “Si comprendemos que estamos hablando de células y no de personas podemos establecer una diferencia en la que nos pongamos de acuerdo sobre la defensa de la vida a la mujer”.
Con su iniciativa el conservatismo busca que se elimine la posibilidad de que, como lo estableció la Corte Constitucional, la prohibición al aborto que rige en Colombia tenga tres excepciones: cuando peligra la vida de la madre, cuando se trata de un caso de violación, o cuando el se prevé que la criatura nacerá con malformaciones genéticas.
SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO REQUIERE DE UNA LEGISLACIÓN COHERENTE»: MAGISTRADO HUMBERTO SIERRA
El magistrado de la Corte Constitucional Humberto Sierra Porto, aseguró que para que funcione un verdadero sistema pensional en Colombia se requiere de una legislación ordenada, coherente y clara, que establezca los requisitos que necesita una persona para su jubilación.
Sierra Porto explicó que el sistema actual está integrado por cientos de leyes que no permiten una aplicación clara del mismo.
“Para que funcione el sistema se requiere una legislación ordenada que elabore el Congreso de la República, no como está hoy en día que se encuentra dispersa en innumerables leyes y decretos reglamentarios, que requieren de una gran complejidad y dificultad para su aplicación, no solo por parte de la Corte Constitucional, sino de los demás jueces”, indicó el magistrado.
Por otra parte, Humberto Sierra explicó que existe un problema de legitimidad democrática en el Estado colombiano, debido a la falta de credibilidad de algunas de sus instituciones.
“Hay un problema serio, un déficit de legitimidad democrática en el Estado colombiano, que determina la aplicación del derecho y el funcionamiento de todos los organismos del Estado. Hay serios problemas de credibilidad en los organismos representativos de la voluntad popular como el Congreso, las Asambleas, los Consejos”, añadió Porto.
Sierra Porto agregó que para superar los problemas del Estado se necesitan reformas integrales y la participación de todas las instituciones.
“Para que el Estado sea funcional es necesario fortalecer el sistema democrático y ese fortalecimiento pasa necesariamente por hacer que nuestro Congreso sea operacional, que funcione de una manera más adecuada con los principios democráticos”, explicó.
El pronunciamiento del magistrado fue hecho durante el Séptimo Encuentro de la Corte Constitucional que se realiza en la Universidad Externado de Colombia en Bogotá.